AC de la oposición concentra foco en rebaja de condenas y presunta falta a la probidad

Libelo será presentado mañana.

La oposición completó la redacción de la acusación constitucional contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, cuyo ingreso al Congreso, según fuentes al interior del bloque, está previsto para este jueves.

Según información a la que tuvo acceso Emol, el libelo contempla tres capítulos que detallan las imputaciones contra el secretario de Estado y los fundamentos jurídicos con que buscarán sustentar su responsabilidad.

El documento establece tres líneas de cuestionamiento contra el secretario de Estado: las rebajas de condenas otorgadas a personas condenadas por delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes; los beneficios concedidos a condenados por crímenes de lesa humanidad; y una eventual infracción al principio de probidad.

El primer capítulo apunta a las reducciones de condenas a personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad. En este apartado, la oposición sostiene que el ministro habría infringido la Constitución y las leyes, además de dejar sin ejecución disposiciones legales. Entre las normas que se consideran vulneradas, la minuta menciona el artículo 17, letra e), de la Ley N° 19.856, junto con los artículos 75 y 77 de su reglamento. También apunta a los artículos 6 y 7 de la Constitución, relativos a los principios de supremacía constitucional y juridicidad, en relación con las atribuciones reservadas a los tribunales de justicia y al Tribunal Constitucional. Asimismo, el capítulo invoca disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Ley N° 21.430, sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia. En particular, se hace referencia a normas vinculadas con la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos.  

El segundo capítulo aborda las rebajas de condenas a personas sentenciadas por crímenes de lesa humanidad. En este caso, la causal invocada es haber infringido la Constitución. La minuta sostiene que el derecho internacional de los derechos humanos, incorporado al ordenamiento constitucional mediante el inciso segundo del artículo 5, establece requisitos específicos para conceder reducciones de condenas a responsables de este tipo de delitos.

Entre ellos, menciona la colaboración con el esclarecimiento de los hechos y que las víctimas hayan sido escuchadas. Según el documento, estos criterios han sido recogidos por la jurisprudencia y no habrían sido considerados al momento de conceder las rebajas. Además, plantea que dichos requisitos no podían ser desconocidos por el ministro encargado de la cartera de Justicia y Derechos Humanos. Para sustentar esta imputación, el texto cita disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, además de los artículos 6 y 7 de la Constitución.

El tercer capítulo, en tanto, apunta a una eventual falta a la probidad por parte del ministro. La acusación sostiene que Rabat habría vulnerado la Constitución y las leyes al faltar a la verdad, entregar información inexacta y omitir antecedentes relevantes en sus intervenciones públicas.