Presidente electo de Colombia anuncia el fin de las conversaciones con la guerrilla

Hace dos semanas, Abelardo de la Espriella dio a los grupos armados ilegales un mes para rendirse a las autoridades.

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, declaró este lunes pasado, que suspenderá todo diálogo en curso entre grupos ilegales y la administración del presidente Gustavo Petro, el primer gobernante de izquierda en la historia de Colombia.

“Se acabó la Comisionada para la Paz, porque no habrá más procesos de paz falsos en mi gobierno”, declaró el presidente electo en redes sociales.

Entre otras medidas, Espriella anunció la disolución de la Oficina Presidencial Asesora para la Paz, luego de que la política gubernamental de diálogos directos fracasara en lograr el desarme de poderosos grupos armados.

Añadió que “el objetivo será la seguridad del pueblo y el desmantelamiento total del perverso sistema de impunidad que impera actualmente y que terminará en cuanto asuma el cargo”, el 7 de agosto.

Hace dos semanas, De la Espriella dio a los grupos armados ilegales un mes para entregarse a las autoridades y declaró que no haría “concesiones inaceptables”, refiriéndose a las políticas del gobierno que mantienen el poder enfocado en el desarme de guerrillas y grupos narcotraficantes.

La eliminación de la oficina de asesoría de paz formará parte de la supresión de más de 200 puestos en la Presidencia, una medida que se adoptará al asumir su mandato de cuatro años.

De la Espriella impulsará una reestructuración de la sede de la Presidencia que, según él, permitirá un ahorro de 10 mil millones de pesos (US$3.1 millones de dólares). Algunas funciones se transferirán a ministerios como el del Interior y el de Defensa, según el político.

Desde la campaña, De la Espriella ha anunciado su intención de abolir la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a la que describe como un “tribunal de venganza” que dicta sentencias con “asimetría”.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada por el acuerdo de paz de 2016 que condujo al desarme de la guerrilla de las FARC, juzga las violaciones más graves de derechos humanos cometidas durante el medio siglo de conflicto por actores armados.