Contraloría reveló irregularidades en convenios suscritos por el GORE con universidades locales

Durante el periodo de Rodrigo Díaz: Piden devolver a las arcas públicas $330 millones e identifican conflictos de interés de altos exfuncionarios.

Un informe de 138 páginas emanó este viernes la Contraloría General de la República (CGR) revelando una serie de anomalías en el traspaso de recursos desde el Gobierno Regional del Biobío (Gore) a distintas casas de estudios de la zona a través del Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) entre 2021 y 2024, en la administración del exgobernador Rodrigo Díaz.

En concreto, la revisión de los 79 programas suscritos alcanza los $28 mil millones, y entre los principales hallazgos de la revisión se da cuenta de que al menos 47 de los programas aún no son cerrados administrativamente por la falta de revisión de los gastos, retrasos en la revisión de las rendiciones, y la restitución pendiente de gastos insuficientemente acreditados por $330 millones por parte de las casas de estudios.

En la observación que desarrolló la CGR de los convenios suscritos por la administración Díaz con las casas de estudios en la zona se detectó que varios de los convenios se ejecutaron sin contar con los acuerdos operativos, además de retardos en la contabilización de las rendiciones de $2.943 millones por casi un año, y la falta de pronunciamiento respecto a 43 rendiciones de cuentas por $5.190 millones.

Además, se detectó la existencia de conflictos de interés de los exaltos funcionarios del Gore Rodrigo Martínez, Iván Valenzuela, Gloria Callupe y Sandra Ibáñez -actual directora regional del Registro Civil- al haber autorizado pagos o suscrito convenios con entidades educativas en las que prestaron servicios con anterioridad.

Ante esta situación, la Contraloría solicitó al Gore detener el proceso disciplinario interno que llevaba adelante ante la falta de antecedentes aportados para desarrollar un sumario administrativo propio, así como también mejorar los mecanismos de control, y acreditar en 60 días el reintegro de los montos cuestionados, o en su defecto adoptar las acciones legales correspondientes.