Consejo de Defensa del Estado se querella contra Alberto Larraín y amplía imputación

Por distracción indebida de fondos en arista ProCultura.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago en contra de Alberto Larrín, fundador de Procultura; María Constanza Gómez, ex representante legal de la fundación y “en contra de todos aquellos que resulten responsables”, ampliando la imputación a distracción indebida de fondos del Gobierno Regional Metropolitano para solventar el proyecto “Quédate”.

En la causa se indagan los ilícitos de malversación de caudales públicos, fraude al fisco, negociación incompatible y cohecho.

Según el documento, los acusados “recibieron $1.683.788.000 del patrimonio fiscal, con el destino y uso exclusivo de solventar el proyecto ‘Quédate’ para la prevención del suicidio. Sin embargo, la fundación distrajo una parte importante de este dinero, utilizándolo indebidamente, lo que significó separarlo de su objeto convenido”.

Agrega que “este desvío de finalidad impidió la correcta ejecución del proyecto y vulneró la obligación contractual de la fundación de mantener los recursos disponibles y restituirlos inmediatamente al Gobierno Regional si así lo requería”.

Asimismo se indica en la acción judicial que el Gobierno Regional Metropolitana declaró el término anticipado del convenio. “La liquidación posterior determinó que el perjuicio patrimonial causado al Estado de Chile asciende a la suma de $1.015.283.548, dinero que, al haber sido desviado, no ha sido devuelto hasta la fecha”, aseguran.

“El mismo día en que el Gobierno Regional Metropolitano transfirió la cantidad de $1.683.788.000 a la cuenta corriente de Fundación Procultura, esto es, el 9 de noviembre de 2022, la fundación, bajo la dirección de los querellado Alberto Larraín Salas y María Constanza Gómez Cruz, comenzó a darse un uso distinto del previsto por parte de los querellados al dinero, que podía utilizarse exclusivamente en la ejecución del proyecto”, consigna.

El CDE añade en la acción judicial que “la falta de rendición y de entrega de antecedentes que justifiquen en modo alguno la correcta inversión de los fondos entregados, hace presumir”. Junto con lo anterior, el consejo solicitó una serie de diligencias.