El Ministerio Público estima en más de 39 millones de euros la cantidad defraudada al Estado a través de un entramado ilegal para conceder obras públicas en Santa Cruz
La Fiscalía argentina ha solicitado doce años de cárcel y la inhabilitación perpetua de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, para ocupar cargos públicos, ya que la considera responsable de un supuesto entramado ilegal para defraudar al Estado mediante la concesión de obras públicas en Santa Cruz.
El Ministerio Público estima en 5.231 millones de pesos (más de 39 millones de euros) la cantidad defrauda por una red que salpica también al difunto marido de la vicepresidenta, Néstor Kirchner, y a exfuncionarios como el exministro Julio de Vido.
“Su condición de presidenta de la nación en el momento de los hechos hace que haya defraudado al Estado y a sus votantes”, ha dicho el fiscal. “Interpuso su interés personal sobre el interés público”, dijo Luciani, ha lamentado, según el diario ‘La Nación’.
La vicepresidenta no está presente en esta parte del proceso, ya que ha quedado exenta por su actual cargo, pero desde Twitter ha anunciado por sorpresa que ha solicitado volver a declarar este mismo miércoles, dado que los fiscales “montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas”.
Ante la falta de pruebas en el juicio oral y las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia de Iguacel; los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas. Por ello…
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 22, 2022
Apoyo del Presidente y del Gobierno
Tras la petición de la pena por parte de la Fiscalía, el presidente, Alberto Fernández, ha dicho en un comunicado que “hoy es un día muy ingrato” para alguien como él, con experiencia en Derecho, y ha transmitido su “afecto y solidaridad” a Fernández.
El Gobierno en su conjunto se ha sumado a la tesis de la vicepresidenta sobre la existencia de una “persecución judicial y mediática” contra ella, alegando que “ninguno de los actos ha sido probado” y hay un intento de poner la Justicia “al servicio de los poderes fácticos”.
Fuente: www.levante-emv.com
Share this content:
