¿Renunciar para evitar la cárcel?: El millonario escándalo bancario que tiene al presidente de Paraguay contra las cuerdas.

Por Camilo Bravo Ortiz.

El mandatario paraguayo, Santiago Peña, enfrenta sus horas más críticas tras presentar su renuncia al cargo para evitar la pérdida de sus privilegios constitucionales, en medio de masivas protestas en Asunción y una inminente investigación penal por el congelamiento de fondos públicos y ahorros ciudadanos.

Fue durante la jornada del martes cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) encendió las alarmas nacionales al ordenar el proceso de resolución y cierre de Ueno Bank, una de las principales entidades financieras del país con más de 2,9 millones de clientes. Escenario que desató un rápido efecto dominó en las esferas del poder, ya que la institución rectora detectó que el índice de solvencia del banco había caído por debajo del 50% del mínimo exigido, arrastrando consigo millonarios recursos de entidades estatales, entre ellos, fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) depositados durante la actual administración.

La crisis salpicó de lleno a la figura del presidente Santiago Peña, quien hasta marzo de 2025 poseía acciones directas en el conglomerado Ueno Holding. Las acusaciones apuntan a un grave conflicto de intereses, cooptación del Estado y la figura de “puertas giratorias” entre el sector público y privado, lo que motivó a la Cámara de Diputados a aprobar previamente y por unanimidad una acusación por “mal desempeño de sus funciones”.

El fallido blindaje legislativo

Ante el inminente avance del proceso en su contra, el jefe de Estado presentó su renuncia este jueves con un objetivo claro: evitar el juicio político para asegurar su estatus constitucional como senador vitalicio, lo que le otorgaría inmunidad frente a la justicia penal. Sin embargo, la maniobra estratégica quedó en suspenso. Distintos legisladores oficialistas optaron por abandonar la sesión conjunta del Congreso, dejando sin quórum la votación necesaria para aceptar su dimisión y permitiendo que, en horas de la noche, el Senado diera inicio oficial al juicio político para su destitución.

Con el proceso en marcha, Peña solicitó al titular del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, una prórroga de 72 horas para preparar formalmente su defensa y buscar un abogado “de confianza” que lo represente en el hemiciclo. Paralelamente, desde la residencia oficial de Mburuvicha Róga, el vocero presidencial, Guillermo Grance, debió salir a desmentir categóricamente los fuertes rumores de una supuesta fuga del gobernante. “Él está en el país, quiero reiterar esto hasta el cansancio, porque ha habido mucha información de que se fue a la Argentina. No, el presidente de la República está en el país”, enfatizó el portavoz para calmar las tensiones.

Justicia penal y presión en las calles

Mientras la crónica política suma nuevos capítulos en el parlamento, el Ministerio Público paraguayo asestó un nuevo golpe al confirmar que incluirá al todavía presidente en las investigaciones de tres causas penales abiertas, relativas a la supervisión y colocación de fondos en la extinta entidad bancaria.

En las afueras del Congreso, en Asunción, decenas de ciudadanos y ahorristas se congregaron exigiendo que no se acepte la renuncia del gobernante para que enfrente las responsabilidades sin protección. “Nosotros no queremos que se acepte su renuncia, porque si se acepta, él quedaría blindado como senador vitalicio”, declaró a EFE la activista María Stela Invernizzi durante las manifestaciones.

Por el momento, y para intentar mitigar el crudo impacto en la población, el Banco Central comenzó a pagar las garantías de depósitos a un primer grupo de clientes que no presenten deudas pendientes con la institución, liberando montos de hasta 10 millones de guaraníes (aproximadamente 1.565 dólares estadounidenses) para dar un leve respiro a los ahorristas congelados.