Hoy se revisa arresto domiciliario de Camila Polizzi y Sebastián Polanco

A un año de haber sido formalizados en arista del Caso Convenios.

Jornadas clave ha vivido el proceso investigativo en torno al Caso Convenios en la Región del Biobío, a casi un año de que la Fiscalía Regional formalizara la primera arista relacionada a la fundación En Ti, por la defraudación de $250 millones asignados por el Gobierno Regional.

En concreto, se conoció que hoy el Juzgado de Garantía de Concepción revisará las medidas cautelares de arresto domiciliario total tanto de Camila Polizzi como de Sebastián Polanco, quienes se encuentran en esa condición desde hace un año. Esto, a solicitud de las defensas y en la víspera de que en enero culmine el periodo de investigación asignado por el tribunal.

A dicha audiencia, ambos llegan en dispares realidades considerando que la tarde de este miércoles Sebastián Polanco fue detenido en el Mall Plaza El Trébol de Talcahuano por incumplir su arresto domiciliario, mientras se encontraba trabajando.

“Lo que pasa es que tenía una oferta laboral, estoy con necesidades económicas. Necesito trabajar y eso fue lo que me motivó, pero había pedido el permiso como cinco veces”, sostuvo a la salida del control de detención ayer, en el cual no se decretaron medidas salvo retomar su arresto domiciliario total.

Además, Polanco dijo que su realidad personal es dispar a la de otros involucrados en el caso donde aún no se inicia el juicio: “Toda la gente que rodea al gobernador está trabajando en la consultora Tabancura. Me parece injusto porque ellos trabajan desde su casa. No voy a comentar lo que hace Camila Polizzi, es su problema. Pero yo por lo menos no puedo trabajar desde mi casa. No tengo los contactos que tiene el gobernador para darle trabajo a su subalterno de confianza”.

Por el lado de Polizzi, en tanto, se conoció que tras la acción presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se retuvo la primera remesa de los recursos obtenidos a través de la plataforma Arsmate, particularmente un millón de pesos.

El defensor público Pablo Ardouin indicó que solicitarán revertir la medida decretara por el tribunal penquista, apuntando que “existe una falta de proporcionalidad en la medida respecto al monto supuestamente defraudado y para poder garantizar un monto mínimo que le permita a su familia subsistir, considerando que es su única fuente de ingresos”.