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Marlene Pérez presenta proyecto de ley para terminar con el acoso y las llamadas spam

La diputada Marlene Pérez ingresó un proyecto de ley que busca poner fin al hostigamiento telefónico que sufren miles de chilenos a diario, tanto por llamadas de cobranza como por ofertas comerciales no solicitadas.

La iniciativa obliga a las compañías telefónicas a implementar herramientas digitales que bloqueen las llamadas masivas con fines comerciales o fraudulentos, entregando mayor control a los usuarios.

“Lamentablemente, el remedio fue peor que la enfermedad. Legislamos para proteger a los usuarios del acoso de cobranzas y ofertas no deseadas, pero las empresas encontraron resquicios legales y el problema se ha agravado. Por eso presenté este proyecto, para que sea el consumidor quien elija qué producto contratar, sin ser hostigado por las compañías”, explicó la parlamentaria.

Pérez, representante del Distrito 20 en la Región del Biobío, sostuvo que las medidas vigentes no han logrado frenar el acoso telefónico. Pese a la entrada en vigencia de la ley de prefijos únicos en agosto pasado —que exige identificar las llamadas comerciales con los prefijos 600 y 809—, los reclamos continúan y muchos usuarios siguen recibiendo entre 10 y 20 llamadas diarias.

“La sola obligación de anteponer un número no impide que las personas sean contactadas por cobranzas o para ofrecer servicios. Eso debe terminar, porque las empresas no distinguen horario, edad ni condición, y este hostigamiento tiene enfermas a las personas”, advirtió la diputada.

Además, el proyecto busca regular las llamadas de cobranza extrajudicial, limitándolas a una vez por semana, entre las 10:00 y las 15:00 horas, de lunes a viernes.

“Retrasarse en el pago no faculta a las empresas a hostigar de la forma en que lo están haciendo. Muchas personas ya no contestan números desconocidos, lo que ha generado pérdidas de horas médicas, oportunidades laborales e incluso contactos de emergencia familiar. Eso debe terminar”, enfatizó Pérez.

La iniciativa ya fue derivada a la Comisión de Economía, donde la diputada solicitó que se discuta con suma urgencia, considerando la gravedad del problema y el aumento de los fraudes telefónicos asociados a estas prácticas.

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