En medio de duras críticas desde el mundo académico.
Durante la jornada del martes, en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, se inició la votación en particular del proyecto que crea el nuevo Financiamiento de la Educación Superior (FES) y reorganiza las deudas educativas.
En concreto, el martes se aprobaron los artículos 1 a 7, que establecen los requisitos y exigencias para que las instituciones puedan adscribirse al FES. Antes, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, y la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, presentaron nuevas indicaciones del Ejecutivo, entre ellas flexibilidad en el porcentaje de financiamiento (50%, 75% o 100%) y límites a la obligación de pago posterior. Es que uno de los ejes es la flexibilización.
La propuesta inicial del Ejecutivo establecía que solo se podía pedir el 100% de financiamiento. Mientras que las modificaciones permiten decidir qué porcentaje de financiamiento de arancel y derecho de matrícula se prefiere. Del mismo modo, se incorpora la posibilidad de solicitar un aumento del FES. Esto, de haber modificaciones en la situación socioeconómica del grupo familiar.
Los beneficiarios además podrán solicitar la extinción del pago si han cumplido al menos el 90% del plazo y pagado 3,5 veces el arancel regulado total (más matrícula), siempre que no tengan deudas pendientes.
También se establece que las instituciones pueden cobrar el porcentaje no financiado (copago) solo si el estudiante opta por menos de 100?% de cobertura. Además, se establece un límite de 80 mil cupos anuales para quienes ingresen por primera vez al instrumento. Duras críticas Las críticas al proyecto han venido de diversos sectores.
La semana pasada Harald Beyer, profesor de la Escuela de Gobierno UC y exministro de Educación, señaló a El Mercurio que los cambios “no resuelven los problemas de fondo del proyecto de ley (…). No hay avances reales respecto de las críticas recibidas y hay una incapacidad absoluta de anticipar cómo el sistema, los estudiantes y sus familias van a reaccionar a las condiciones que se están tratando de imponer. Es de una ceguera absoluta”. Mientras, el director ejecutivo de Acción Educar, Daniel Rodríguez, dijo en el mismo medio que los ajustes “no tienen impacto alguno. A lo más, empeoran el diseño al quitarle el carácter universal estableciendo cupos limitados”.
Hoy, en una carta a El Mercurio, académicos de las universidades Católica, de Chile y Adolfo Ibáñez, entre los que destacan los exministros José de Gregorio, Felipe Larraín, Hernán de Solminihac, Felipe Morandé, entre otros, se sumaron a los cuestionamientos. “Nos preocupa que las recientes indicaciones del Gobierno al proyecto de ley FES no aborden de manera real y efectiva las dos principales críticas: el efecto negativo sobre el financiamiento de las universidades al eliminar el copago estudiantil en aquellas instituciones en gratuidad, respecto a los deciles de ingreso 7, 8 y 9, y en las sin gratuidad, los deciles 1 al 9, y la existencia de un impuesto a los graduados”, comenzaron diciendo. “Sobre lo primero -indicaron- analistas han calculado que el menor copago reduciría en alrededor de un 15% los ingresos del pregrado en el sistema universitario; del orden de US$ 200 millones anuales. Esto afectará la autonomía de las instituciones y la calidad de los programas académicos”. “Respecto del impuesto a los graduados -añadieron- si bien se pone un tope a la obligación de pago 3,5 veces el arancel regulado, sigue siendo un gravamen muy significativo. Este impuesto, además de injusto, porque lo pagarán sectores de ingresos medios que necesitan ayudas fiscales, desincentivará la formación de capital humano avanzado y afectará la productividad”. “Por otro lado -indicaron asimismo- se añade una indicación que causa aún mayor inquietud. Se dice que ‘para resguardar las finanzas públicas’ se establecerá un cupo máximo de 80 mil estudiantes que por primera vez desean financiar los estudios con el FES. Y si la demanda fuese superior, se asignarán los cupos según criterios de priorización basados en la situación socioeconómica de los estudiantes. Creemos que hay mejores maneras de ‘proteger al fisco’; desde luego, mejorando los mecanismos de recuperación de los desembolsos fiscales”. “Lo que no es razonable es correr el riesgo de profundizar la inequidad en nuestro país, al segregar en el acceso a la educación superior a jóvenes que no obtienen cupos, pese a tener los méritos para estudiar, no acceder a la gratuidad y no contar con los recursos para pagar los aranceles”, sostuvieron también.
El resto de los firmantes de la carta fueron Vittorio Corbo, Susana Claro, Soledad Arellano, Tomás Rau, Roberto Méndez, Fernando Coloma, José Miguel Sánchez y Carlos Williamson. Cabe destacar que, por su parte, varios economistas más bien cercanos al oficialismo han respaldado el proyecto del Gobierno.
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