Seguridad Municipal: De la ley al financiamiento real

Por Luis Santibáñez Bastidas
Consejero Regional del Biobío
Presidente Comisión de Presupuesto e Inversiones, CORE Biobío

La Ley de Seguridad Municipal está vigente desde el 12 de agosto y el Ejecutivo, a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito, trabaja intensamente en los reglamentos que permitirán a los inspectores municipales ejercer sus nuevas funciones. Es una tarea compleja, que involucra aspectos legales, laborales y jurídicos, y es razonable que tome tiempo hacerla bien.

Las señales del propio gobierno confirman que tiene clara esta tarea: retiró en marzo un primer reglamento tras un proceso participativo con más de 200 municipios, elaboró una nueva propuesta ajustada a esas observaciones, ingresó una ley corta para corregir deficiencias, entre ellas las restricciones presupuestarias para contratar personal, y anunció un fondo de seguridad municipal que se activará junto con los reglamentos. Es un gobierno que ha mostrado voluntad de escuchar al mundo municipal.

Ese esfuerzo, sin embargo, es solo una parte del problema. Ninguna ley de seguridad municipal rendirá frutos si los Gobiernos Regionales no cuentan, en paralelo, con instrumentos financieros ágiles para equipar a quienes deben ejecutarla en el territorio.

Reglamentos con foco preventivo

Los reglamentos no debieran limitarse a habilitar funciones ya contempladas en la ley: deben fijar protocolos claros, estándares de equipamiento y capacitación, y reglas de operación que fortalezcan el valor preventivo de los municipios y den certeza jurídica a los inspectores.

GORE, Circular N°33 y FNDR

La Ley de Gobiernos Regionales debe ampliar las facultades de gasto en activos fijos, hoy acotadas por la Circular N°33 de la Subdere, para que los Gobiernos Regionales inviertan con mayor flexibilidad en seguridad municipal. La inversión FNDR debiera potenciarse explícitamente para financiar equipamiento tecnológico, disuasivo y de prevención, cámaras, monitoreo, vehículos, radiocomunicaciones, para los municipios.

Puertos y zonas de atraque

Urge además un marco de acción coordinado que otorgue a los municipios con puertos y zonas de atraque mayores facultades de fiscalización, con Gobiernos Regionales que concurran, vía FNDR, al financiamiento de la seguridad pública en esos territorios.

Valoramos que el gobierno esté en la tarea de reglamentar y confiamos en que los plazos se cumplan. Pero esa tarea será incompleta sin Gobiernos Regionales habilitados para invertir en prevención y municipios, incluidos los portuarios, con las facultades y el financiamiento para ejercer su rol.