Jueces recurren al TC para frenar procesos de remoción por viajes con licencia médica

Los requerimientos fueron ingresados durante esta semana.

A pocos días de que la Corte Suprema inicie la revisión de los 56 cuadernos de remoción abiertos contra magistrados que viajaron al extranjero mientras se encontraban con licencia médica, un grupo de jueces decidió acudir al Tribunal Constitucional (TC) para impugnar las normas que sustentan dichos procedimientos.

Los requerimientos fueron ingresados durante esta semana y apuntan principalmente a cuestionar la aplicación de los artículos 40 y 41 del reglamento utilizado por el máximo tribunal para determinar eventuales responsabilidades disciplinarias. Según los magistrados involucrados, estas disposiciones podrían vulnerar garantías constitucionales durante el proceso de remoción.

La acción judicial surge en la antesala de las audiencias fijadas por la Corte Suprema para el próximo 2 de septiembre, fecha en que comenzará la revisión de los expedientes abiertos tras la investigación que detectó viajes al extranjero de integrantes del Poder Judicial mientras hacían uso de licencias médicas.

Uno de los casos que ya trascendió es el del juez de familia de Antofagasta, Jorge Saavedra Benjerodt, cuyo requerimiento fue admitido a trámite por el Tribunal Constitucional. La Segunda Sala del organismo incluso resolvió suspender temporalmente el procedimiento disciplinario en su contra mientras se analiza la admisibilidad de la acción, situación que podría transformarse en un precedente para otros magistrados en la misma condición.

Desde la Corte Suprema, su presidenta, Gloria Ana Chevesich, señaló que la presentación ante el TC constituye un derecho que asiste a cada uno de los jueces involucrados cuando consideran que una norma aplicada en su caso podría ser contraria a la Constitución.

Los 56 cuadernos de remoción fueron abiertos por el máximo tribunal luego de revisar más de un centenar de investigaciones relacionadas con el uso de licencias médicas y viajes fuera del país. La eventual remoción constituye una de las sanciones más severas dentro del Poder Judicial, ya que busca determinar si un magistrado mantiene las condiciones de probidad e idoneidad necesarias para ejercer el cargo.

Mientras la Corte Suprema se prepara para iniciar las audiencias reservadas, el Tribunal Constitucional deberá resolver si acoge o no los requerimientos presentados. La decisión podría influir directamente en el desarrollo de uno de los procesos disciplinarios más relevantes que ha enfrentado el Poder Judicial en los últimos años.