Cuando la inflación no se combate: Se administra

por Luis Felipe Slier Muñoz – Ingeniero Comercial- MBA

Chile vuelve a enfrentarse a una vieja amenaza con un rostro nuevo. No es la inflación desbordada de décadas pasadas, sino una inflación importada, silenciosa en su origen, pero brutal en sus efectos. El alza del petróleo, gatillada por el conflicto en Medio Oriente, ya comenzó a filtrarse en cada rincón de la economía: combustibles, transporte, alimentos. Y lo más complejo: lo hace en un momento en que el Estado tiene menos margen que nunca para intervenir.

Durante los últimos años, Chile logró algo que parecía improbable: domesticar la inflación y devolverla a niveles cercanos a la meta del Banco Central. Sin embargo, ese equilibrio era frágil. Dependía de condiciones externas favorables y de una política fiscal con cierto espacio de maniobra. Hoy, ambos pilares no están.

El problema de fondo no es simplemente que los precios suban. Es que suben de manera desigual. Para los hogares de mayores ingresos, la inflación es una molestia. Para los más vulnerables, es una amenaza directa a su capacidad de subsistencia. Cuando el precio del transporte o de los alimentos aumenta, no hay margen de ajuste: se come peor, se viaja menos o se cae en endeudamiento.

Frente a este escenario, surge una tentación conocida: intervenir los precios. Congelar tarifas, fijar valores, controlar mercados. La historia económica, en Chile y en el mundo, ha demostrado que ese camino es tan atractivo como equivocado. Los controles de precios no eliminan la inflación; la esconden momentáneamente y la transforman en escasez.

Entonces, si no se puede controlar la inflación directamente, ¿qué se puede hacer?

La respuesta es incómoda pero clara: administrarla. Y administrar, en este contexto, significa decidir quién soporta el costo.

El Estado no tiene hoy la capacidad fiscal para subsidiar masivamente el alza de precios. El propio mecanismo de estabilización de combustibles ha mostrado sus límites. Pretender amortiguar completamente el shock externo sería comprometer recursos que el país simplemente no tiene.

Pero eso no significa que no haya espacio para actuar. La clave está en cambiar el foco: dejar de intentar bajar los precios y concentrarse en proteger los ingresos de quienes más lo necesitan.

Un bono focalizado, ajustado al costo real de la canasta básica, puede ser más efectivo que cualquier control de precios. Un subsidio al transporte de carga puede reducir presiones en toda la cadena de distribución. El fortalecimiento de ferias libres y circuitos cortos de comercialización puede generar alivios concretos en el bolsillo de las familias. Ninguna de estas medidas elimina la inflación, pero todas contribuyen a que su impacto sea menos devastador.

En paralelo, el Banco Central enfrentará su propio dilema. No puede controlar el precio del petróleo ni el escenario geopolítico, pero sí debe evitar que este shock se transforme en una espiral inflacionaria interna. Eso probablemente implicará pausar la baja de tasas y enviar una señal clara: la inflación, aunque venga de fuera, no puede instalarse en las expectativas.

Estamos, en definitiva, frente a un cambio de escenario. Pasamos de una economía que comenzaba a estabilizarse a una que vuelve a tensionarse por factores externos. Y en ese tránsito, la política pública debe evitar dos errores: sobre reaccionar con medidas populistas o quedarse inmóvil esperando que el mercado se ajuste solo.

Porque cuando la inflación no se puede evitar, lo que está en juego no es su existencia, sino su impacto. Y en esa decisión —silenciosa, pero profundamente política— se define qué tan equitativa es una sociedad en tiempos de crisis.