Abogadas de Los Ángeles formalizadas por corrupción habrían obtenido más de $500 millones

De forma ilícita: Presentación de cargos contra cuatro imputados por asociación criminal continúa hoy.

Entre los años 2020 y 2023, dos de las abogadas del estudio jurídico Cortés y Romero de Los Ángeles habrían obtenido ganancias por más de 500 millones de pesos provenientes directa o indirectamente de delitos relativos a una asociación criminal, tráfico de drogas, de armas y sobornos que involucran a funcionarios de la Defensoría Penal Pública, la Fiscalía local y el Juzgado de Garantía, todos ellos en la ciudad angelina.

Así lo planteó la Fiscalía de Ñuble en la formalización realizada ayer por 5 hechos distintos en los que atribuyen responsabilidad a las imputadas Andrea Romero Jara y Susana Cortés Karmy, quienes habrían realizado una serie de acciones para beneficiar a determinados clientes que defendían en causas por infracción a la Ley de Drogas.

A quienes se les suma Nelson Sáez Reyes, funcionario del Juzgado de Garantía angelino, quien según la Fiscalía ajustó las salas con determinados jueces a petición de las abogadas, esto a cambio de beneficios económicos para sí y terceros.

Esto era favorecido por el imputado y cónyuge de Cortés, el ex defensor jefe de Los Ángeles, Patricio Gutiérrez Marinado, quien facilitó claves de acceso a sistemas de la institución y así obtener información sensible; además del coimputado -aún sin formalizar- Rodrigo Durán, exfiscal adjunto de Los Ángeles y cónyuge de Romero, quien habría entregado información a ambas abogadas obtenida al menos a través de 3 sistemas de información reservada de la Fiscalía.

Según se detalló en la audiencia, los hechos delictivos cometidos entre el 2017 y 2025 con ánimo de lucro, también incurrieron en el delito de lavado de activos, ya que habrían realizado depósitos en efecto que permitieron a Cortés incorporara en su patrimonio $461 millones 751 mil, con lo cual adquirió 4 propiedades cuyo avalúo suma $405 millones y dos vehículos; mientras que Romero habría obtenido al menos $44 millones con los cuales compró un departamento de $60 millones y un vehículo de $14 millones; mientras que Gutiérrez adquirió un móvil de $21 millones.

Solo en la comunicación de delitos investigados que la fiscal Nayalet Mansilla planteó ante el tribunal, detalló 5 hechos distintos que involucran principalmente a las abogadas, partiendo a las que se les atribuye asociación criminal entre el año 2017 y hasta marzo de 2025, además de tráfico de drogas, tráfico de armas, prevaricación del abogado y obstrucción a la investigación y entre noviembre de 2020 y febrero del 2023, asociados a una serie de acciones en beneficio de un imputado por narcotráfico de la ciudad y sobre el cual tenían el rol de defensoras privadas.

Así también, respecto a ambas abogadas junto a Gutiérrez Marinao -por facilitar claves de acceso, copia de carpetas de investigación y actualización de información respecto a determinados imputados- se les investiga por delitos de acceso indebido y delitos informáticos, a través de los cuales personal del estudio jurídico pudo descargar documentos de 82 causas específicas y distintas y el acceso indebido al sistema informático de la Defensoría Penal Pública en 194 ocasiones para descargar carpetas investigativas.