Fiscalización: Red de funcionarios de Interior en millonarios tratos directos debe ser investigada

El consejero regional del Biobío y presidente de la Comisión de Presupuesto e Inversión, Luis Santibáñez Bastidas, anunció hoy el inicio de una fiscalización exhaustiva sobre la red de adjudicaciones por trato directo en favor de la empresa SAN NICOLÁS y otras, advirtiendo que los recursos destinados a catástrofes podrían estar siendo desviados para fines ajenos a la ayuda humanitaria.

Ante la seguidilla de contratos millonarios otorgados por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, Santibáñez calificó la situación como una posible “punta del iceberg” que requiere una auditoría completa de las autoridades entrantes y la Contraloría General de la República a todo el presupuesto de emergencias que por ley dispone el Ministerio del Interior y los organismos sectoriales.

“Con el dolor de las personas en el Biobío no se puede lucrar. Es imperativo, por estricta responsabilidad fiscal, investigar quiénes son los funcionarios que estamparon su firma para autorizar estos tratos directos. Debemos establecer con claridad su relación política con actuales o ex autoridades del Ministerio del Interior o Gobierno y qué rol jugaron los Delegados Presidenciales en el uso del mecanismo de emergencia”, señaló el Consejero Luis Santibáñez.

Fiscalización del 5% de emergencia

La ofensiva fiscalizadora se sustenta en que el Ministerio del Interior, por disposición legal, retiene anualmente a los Gobiernos Regionales (GORE) el 5% de su presupuesto de inversión para atender eventuales catástrofes. Dado que estos fondos provienen originalmente de la región, el Consejo Regional está facultado para auditar su uso.

“Desde el Biobío, el CORE tiene la facultad y el deber de fiscalizar cómo la Delegación Regional ha ejecutado esos recursos durante los últimos cuatro años. Debemos velar para que este mecanismo de emergencia no se convierta en una caja pagadora o, peor aún, que se deba investigar si parte de estos fondos terminaron potencialmente en el financiamiento irregular de la política”, enfatizó el presidente de la Comisión de Presupuesto.

Alerta por Penco y Tomé

Santibáñez también expresó su preocupación por los procesos de compra que actualmente lideran Senapred , el Ministerio del Interior y Minvu, haciendo un llamado a que las actuales autoridades no cierren su gestión repitiendo los “errores y horrores” vistos en Valparaíso y Viña del Mar.

“Es de esperar que el Gobierno no se despida dejando una estela de dudas en comunas como Penco y Tomé. La urgencia de una catástrofe no es un cheque en blanco para la opacidad. Exigimos transparencia total ahora, antes de que el daño al patrimonio público sea irreversible”, concluyó Santibáñez.