Corte Suprema confirmó absolución del excomandante en jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba
Y su esposa, Anita Pinochet, en la causa por lavado de activos.
Por cuatro votos a favor y uno en contra, la Corte Suprema ratificó este lunes la absolución del excomandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, y de su esposa, Anita Pinochet Ribbeck, en la investigación por lavado de activos vinculada al presunto uso irregular de gastos reservados.
El máximo tribunal desestimó los recursos de nulidad interpuestos por el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado (CDE), los que buscaban dejar sin efecto la sentencia absolutoria dictada en agosto de 2024 por el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago.
En el fallo, la Sala Penal sostuvo que, si bien se lograron acreditar hechos que podrían constituir el delito de malversación de caudales públicos, no se consiguió demostrar, con el estándar probatorio requerido, la existencia de maniobras concretas de ocultamiento o encubrimiento necesarias para configurar el ilícito de lavado de activos. En ese sentido, la Corte indicó que la sola presencia de movimientos financieros atípicos o reportes de operaciones sospechosas no resultaba suficiente para sustentar una condena.
Durante el juicio, la Fiscalía había sostenido que Fuente-Alba desvió de manera sistemática recursos fiscales entre 2010 y 2014, recurriendo a depósitos fraccionados, pagos en efectivo y distintas inversiones con el fin de otorgar apariencia de legalidad a fondos de origen ilícito.
No obstante, los magistrados estimaron que una parte significativa de esas operaciones podía justificarse por ingresos lícitos anteriores, herencias y diversas inversiones inmobiliarias y financieras efectuadas por el exjefe militar.
Asimismo, la Corte Suprema descartó que el tribunal oral hubiera incurrido en una errónea aplicación de la normativa sobre lavado de activos o que hubiese exigido requisitos no contemplados en la ley. Según el fallo, la absolución se basó en la insuficiencia de la prueba rendida y no en una interpretación restrictiva del tipo penal.
Con esta decisión, el máximo tribunal dio por cerrada de manera definitiva la arista penal por lavado de activos en contra del excomandante en jefe del Ejército, sin perjuicio de las responsabilidades que se investigan en la jurisdicción militar por malversación de fondos públicos, donde se indaga un eventual perjuicio fiscal cercano a los $3 mil millones.
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