Y el resto de acusados tras casi tres años de juicio.
La decisión del Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago de absolver a Pablo Longueira, Patricio Contesse, Marco Enríquez-Ominami y a otros cinco acusados, tras once años de investigación en el caso SQM, generó una ola de cuestionamientos hacia el Ministerio Público tanto desde el oficialismo como desde la oposición.
El senador Alfonso De Urresti (PS) afirmó que “la ciudadanía no puede entenderlo. El Ministerio Público tiene que dar una explicación sobre cómo, luego de toda esta investigación, se llega a nada. Esto compromete la credibilidad del sistema político. Esperamos que el Ministerio Público estudie las acciones de nulidad para revertir esta situación. Este fallo claramente deja un sabor amargo en nuestra sociedad”.
Por su parte, el diputado Matías Ramírez (PC) acusó que “hoy la justicia ampara una red de corrupción que durante décadas influyó en las decisiones políticas. Pablo Longueira no solamente tramitó la invariabilidad tributaria de SQM Salar y SQM Nitrato, sino que también firmó los contratos de esas empresas mientras era ministro de Economía”. “La absolución en el caso de SQM solamente genera un manto de protección a los corruptos de siempre. Creemos que es una decisión lamentable y que pesa sobre la justicia dejar en impunidad estos hechos”, agregó.
En tanto, el senador Iván Flores (DC) cuestionó: “¿Cómo podemos insistirle a la ciudadanía que la ley es pareja para todo el mundo? Con este veredicto absolutorio a SQM, después de casi 10 años de investigación en donde tanto Impuestos Internos como el Ministerio Público eran actores principales, hoy día termina en nada, en absolutamente nada”. “Aquí ya no solamente tiene que dar explicaciones el Ministerio de Educación por la prueba fallida, el Ministerio de Energía por los cobros indebidos, sino que ahora tiene que dar una explicación el Ministerio Público. ¿Cómo le explicamos a la gente que efectivamente la ley no es pareja para todo?”, cerró. Por su parte, la UDI, a través de una declaración pública, expresó que “más de 10 años de investigación y juicio para que finalmente la justicia determine que la Fiscalía actuó de manera arbitraria, persiguiendo a inocentes y asumiendo como delitos actuaciones que no lo eran.
Los acusados y sus familias se vieron afectados por un largo tiempo no sólo en su ánimo, sino también en su honra y su patrimonio”. En esa línea, el partido agregó que “esto nos lleva a cuestionar la idoneidad e imparcialidad de ciertos fiscales para este cargo tan importante, y sobre la necesidad de introducir cambios legales que resguarden con eficacia el principio de objetividad que ha sido permanentemente violado en este y en otros muchos casos”. La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, defendió la labor del Ministerio Público en el caso. “Yo no hablaría de una derrota para la fiscalía y en particular para la fiscalía regional de Valparaíso.
Esto termina un capítulo con el deber cumplido. Nosotros desarrollamos una investigación seria, responsable, con una mirada objetiva, que nos llevó a la convicción de interponer una acusación después de haber iniciado la causa el año 2015″. Sobre esto, profundizó que “no es el mejor resultado, no es el resultado que nosotros esperábamos, y eso lo lamentamos, pero yo no puedo tirar aquí por la borda todo el trabajo que se ha hecho en estos años. Para mí, el hecho de haber convencido a una magistrada de que aquí se rindió prueba suficiente, que dio cuenta de la existencia de cientos de documentos tributarios falsos, de que se incorporaron maliciosamente a la contabilidad de SQM, que solo quien tuvo la decisión de aprobar esos pagos fue el señor Contesse, y que eso configuraba el delito tributario”.
Agregó que “nos llama profundamente la atención que en el voto de mayoría las magistradas no se hacen cargo, al menos por ahora habrá que revisar la sentencia, de la prueba rendida para estimar por qué no la no resultó creíble para ellos. Señalaron que los documentos tributarios no se había aprobado su falsedad. Decenas de testigos declararon el juicio señalando que no prestaron los servicios”.
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