Se espera que la medida, que autoriza al gobierno a desplegar militares en las calles y suspender derechos como la libertad de reunión y la inviolabilidad del domicilio, afecte al menos a 10 millones de personas.
El gobierno interino de Perú declaró el estado de emergencia este martes en la capital, Lima, y en la vecina ciudad portuaria del Callao para abordar una ola de violencia y extorsión atribuida al crimen organizado. La medida, que permitirá al gobierno desplegar personal militar en las calles y restringir derechos como la libertad de reunión y el derecho a la vivienda, afecta al menos a 10 millones de personas.
“El estado de emergencia aprobado por el Consejo de Ministros entró en vigor esta medianoche y tendrá una duración de 30 días en el área metropolitana de Lima y Callao”, declaró el presidente José Jerí en un breve mensaje a la nación transmitido por la televisión estatal.
Bajo el estado de emergencia, el gobierno puede desplegar a las fuerzas armadas para patrullar las calles de la ciudad y colaborar con la policía en el mantenimiento del orden. Una de las medidas del estado de emergencia prohíbe que dos personas utilicen la misma motocicleta, un tipo de motocicleta utilizada por el crimen organizado.
La capital peruana ya estuvo parcialmente bajo estado de emergencia entre marzo y julio, tras el asesinato de un popular cantante de cumbia a manos de sicarios.
“Compatriotas, la delincuencia ha crecido desproporcionadamente en los últimos años, causando un enorme dolor a miles de familias y obstaculizando el progreso del país”, dijo Jerí en su mensaje de menos de tres minutos. “Pero eso ya pasó. Hoy comenzamos a cambiar la historia en la lucha contra la inseguridad en el Perú”, añadió Jerí. Esta medida es la primera acción importante del gobierno en sus casi dos semanas en el poder, en un país que considera la seguridad pública una de sus principales preocupaciones.
“Hemos pasado de la defensiva a la ofensiva en la lucha contra la delincuencia, una lucha que nos permitirá restaurar la paz, la tranquilidad y la confianza de millones de peruanos”, declaró el presidente, rodeado de sus ministros. Las autoridades anunciaron el 16 de octubre la implementación del estado de emergencia en Lima en respuesta a la violencia del crimen organizado, que desencadenó protestas multitudinarias que se saldaron con la muerte de un policía y más de 100 heridos entre las fuerzas de seguridad y la población civil.
El 15 de octubre, manifestaciones lideradas por jóvenes provocaron violentos enfrentamientos cerca del Congreso. Miles de personas protestaron ese día contra la inseguridad, el Congreso y el recién instaurado gobierno de Jerí. Los problemas de seguridad pública llevaron a la destitución de la entonces presidenta Dina Boluarte en el Congreso el 10 de octubre.
Desde 2024, Perú ha experimentado un aumento de la violencia urbana, con una ola de extorsión que ha convertido la inseguridad en la principal preocupación de la población, según las encuestas. Las denuncias por extorsión aumentaron de 2396 en 2023 a más de 17 000. Lima lidera la lista, según datos oficiales. Entre enero y septiembre, el país registró 20 705 denuncias por extorsión, un aumento del 28,8 % en comparación con el mismo período de 2024, cuando se registraron 16 075, según la policía.
Desde las 4.30 AM en distintos puntos de San Juan de Lurigancho en compañia del Ministro de Justicia y el Alcalde de San Juan de Lurigancho. Enfoque territorial. pic.twitter.com/Wlo5Yn9VGa
— José Jerí (@josejeriore) October 22, 2025
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