Exigen Intervención de Contraloría.
Una grave irregularidad que podría viciar la legalidad de uno de los proyectos más emblemáticos para la región fue denunciada esta mañana por el Consejero Regional Luis Santibáñez, el Concejal por Concepción José Piña y el abogado James Argo.
A través de una presentación formal a la Contraloría Regional del Biobío, solicitaron una intervención urgente para impedir la inminente adjudicación de la licitación para la construcción del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, cuyo proceso ha permanecido cerrado y sin resolución por más de 16 meses.
Las autoridades y el jurista advierten que cualquier intento de adjudicar el contrato en estas condiciones constituiría un acto ilegal, vulnerando de manera flagrante la Ley de Compras Públicas N° 19.886 y sus principios rectores de transparencia, eficiencia e igualdad entre los oferentes.
El fundamento de la denuncia se basa en cuatro pilares jurídicos irrefutables:
* Incumplimiento de Plazos Legales: La normativa establece un plazo máximo de 60 días para adjudicar una licitación. Una demora de 16 meses excede cualquier marco de razonabilidad y transforma el proceso en un acto arbitrario.
* Ofertas Legalmente Vencidas: Las propuestas económicas y técnicas presentadas por las empresas constructoras en 2024 ya no son válidas.
La ley impide a la administración aceptar una oferta que jurídicamente ha dejado de existir, debido al cambio radical en los costos de materiales y mano de obra.
* Violación a las “Reglas del Juego”: Se infringe el principio de “estricta sujeción a las bases”, que obliga al Estado a respetar las condiciones y plazos que él mismo fijó, garantizando así la certeza jurídica y la igualdad de trato.
* Ineficiencia y Falta de
Transparencia: Mantener un proyecto de esta envergadura en un estado de indefinición atenta contra el uso eficiente de los recursos públicos y genera un manto de duda sobre la gestión del proceso.
La acción busca que el órgano contralor ordene la suspensión inmediata de cualquier acto adjudicatorio, declare la ilegalidad del procedimiento y instruya que, de persistir la necesidad, se realice un nuevo llamado a licitación público, transparente y ajustado a las condiciones económicas actuales.
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