Y crecen temores de violencia policial.
Por Javiera Briones Ortega.
La reciente aprobación de una medida nombrada como “bono del Lejano Oeste” generó alarma en Río de Janeiro. Organizaciones sociales y defensores de derechos humanos advierten sobre el riesgo de una “masacre generalizada” en las favelas, donde los operativos policiales suelen concentrarse.
La iniciativa no es nueva: ya existió entre 1995 y 1998, hasta que fue derogada por el aumento de muertes en las intervenciones policiales. Ahora, el texto aprobado por amplia mayoría en la asamblea legislativa debe ser promulgado en un plazo de 15 días por el gobernador Claudio Castro, aliado del expresidente Jair Bolsonaro.
Este proyecto establece que los agentes podrán recibir un incremento de entre el 10% y el 150% de su salario en casos de confiscación de armas de gran calibre o en situaciones que impliquen la “neutralización de criminales”. Para críticos como el diputado federal Henrique Vieira, esta bonificación puede “incentivar la violencia y transformar la muerte en una política pública”.
En Río, las operaciones policiales con fuerte despliegue son frecuentes, especialmente en favelas pobres y densamente poblabas, sometidas tanto a narcotraficantes como a grupos armados. Según estadísticas oficiales, la población afrodescendiente es la que más muertes a manos de la policía.
La bonificación fue incorporada a un proyecto de reforma de la policía civil, encargada principalmente de investigaciones, a diferencia de la policía militar, que cumple funciones represivas y que en los años 90 también recibió este tipo de incentivos.
Especialistas advierten que la medida puede tener efectos contrarios a los esperados. “Podría aumentar el riesgo de vida del policía, que tenderá a exponerse aún más a situaciones de conflicto”, señaló el comisario Leonardo Affonso, presidente del sindicato de la policía civil, en declaraciones a la radio CBN.
En 2024, 703 personas murieron durante intervenciones policiales en el estado de Río de Janeiro, lo que equivale a casi dos muertes por día. Aunque esta cifra representa una disminución del 19% respecto de 2023 (871), el debate sobre la violencia institucional y las políticas de seguridad sigue abierto.
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