WRH denuncia que, en la edición de este año, la administración de Donald Trump ignoró violaciones en países considerados aliados, como El Salvador, Hungría e Israel.
Una de las principales organizaciones no gubernamentales (ONG) de derechos humanos del mundo, Human Rights Watch (WRH), acusó al gobierno de Estados Unidos de manipulación política y mentiras en su informe anual, publicado el martes, sobre violaciones de derechos humanos en varios países, incluido Brasil. WRH afirma que, en la edición de este año del informe de derechos humanos del Departamento de Estado, la administración de Donald Trump ignoró las violaciones en países considerados aliados, como El Salvador, Hungría e Israel. En los casos de Brasil y Sudáfrica, cuyos gobiernos están siendo atacados por la Casa Blanca, los datos manipulados apuntan a un empeoramiento de la situación.
“El nuevo informe de derechos humanos del Departamento de Estado es, en muchos sentidos, un ejercicio de encubrimiento y engaño. La administración Trump ha instrumentalizado gran parte del informe para hacer que los autócratas parezcan más aceptables y minimizar los abusos de derechos humanos que ocurren en estos países”, declaró Sarah Yager, directora de HRW en Washington. La organización cree que la administración Trump socavó la credibilidad del informe anual al excluir de informes anteriores violaciones de derechos humanos relacionadas con mujeres, personas LGBTQIA+, personas con discapacidad y otros grupos.
“Se eliminaron categorías enteras de abusos, mientras que se encubrieron graves violaciones de derechos cometidas por gobiernos aliados”, añadió Yager. El informe anual sobre derechos humanos del Departamento de Estado es obligatorio desde 1974. El propósito inicial del documento es ayudar al gobierno estadounidense en sus relaciones con países que presentan un “patrón persistente de graves violaciones de los derechos humanos internacionalmente reconocidos”.
Brasil
En cuanto a Brasil, el documento —que WRH acusa de manipulación e incluye datos de 2024— señala un agravamiento de la situación de los derechos humanos, destacando presuntas “violaciones a la libertad de expresión” en el marco de la investigación del Supremo Tribunal Federal (STF) sobre grupos que se organizan en línea para atacar el sistema electoral y propugnar un golpe de Estado.
“El gobierno socavó el debate democrático al restringir el acceso a contenido en línea acusado de ‘socavar la democracia’, reprimiendo desproporcionadamente la libertad de expresión de los partidarios del expresidente Jair Bolsonaro”, afirma el informe, repitiendo la narrativa oficial de la Casa Blanca utilizada para sancionar al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes e imponer impuestos a algunas exportaciones brasileñas.
Analistas han advertido que la extrema derecha, tanto en Brasil como en Estados Unidos, ha distorsionado la realidad de los procesos judiciales en Brasil para afirmar que el país vive un clima de censura y persecución. “[Esta estrategia] busca socavar las investigaciones de rendición de cuentas sobre los ataques al Estado de derecho democrático en Brasil con información incompleta y superficial sobre la realidad brasileña”, afirmó Pedro Kelson, del Programa de Democracia de la Oficina en Washington, Brasil (WBO).
Según la denuncia de la Procuraduría General de la República (PGR), Bolsonaro presionó a los comandantes militares para que suspendieran los resultados de las elecciones presidenciales de octubre de 2022, cuando perdió ante el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. También se descubrieron planes para arrestar y asesinar a funcionarios públicos. Los acusados lo niegan.
Israel
En el caso de Israel, el informe estadounidense omite el desplazamiento forzado masivo de palestinos en la Franja de Gaza, el uso de la hambruna como arma de guerra y la privación deliberada de agua, electricidad y asistencia médica a casi dos millones de habitantes en el territorio ocupado por el ejército israelí. “El Departamento de Estado tampoco menciona los extensos daños y la destrucción de la infraestructura esencial de Gaza y la mayoría de las viviendas, escuelas, universidades y hospitales”, informó Human Rights Watch.
El Salvador
El gobierno de El Salvador ha sido denunciado por organizaciones de derechos humanos y agencias de las Naciones Unidas (ONU) por detenciones arbitrarias, juicios masivos sin defensa legal adecuada y por mantener durante años un estado de emergencia con suspensión de las libertades individuales, además de acusaciones de persecución a periodistas. Sin embargo, el informe oficial del gobierno estadounidense sobre derechos humanos alega que “no ha habido informes creíbles de violaciones significativas de derechos humanos” en el país del presidente Nayib Bukele.
Bukele, aliado de Trump, ha recibido inmigrantes deportados de Estados Unidos a cambio de ayuda financiera y colaboración con los servicios de inteligencia de Washington. “El informe es deshonesto sobre los abusos en algunos terceros países a los que Estados Unidos está deportando personas”, afirma WRH. A principios de este mes, El Salvador aprobó la posibilidad de la reelección ilimitada, una decisión apoyada por Estados Unidos y considerada por críticos como una consolidación del poder de Bukele en el país centroamericano.
Hungría
Human Rights Watch también cita el caso de Hungría. “El Departamento de Estado ignora los crecientes esfuerzos del gobierno húngaro por socavar las instituciones democráticas y el Estado de derecho, incluyendo severas restricciones a la sociedad civil y a los medios de comunicación independientes, y abusos contra las personas LGBT y los migrantes”, afirma la organización.
Sudáfrica
Otro país bajo ataque de la administración Trump, incluyendo la falsa acusación de “genocidio blanco”, también fue identificado como un país que experimentó un empeoramiento de las condiciones de los derechos humanos en 2024.
“La situación de los derechos humanos en Sudáfrica empeoró significativamente durante el año; con la firma del Proyecto de Ley de Expropiación (B23-2020) el 20 de diciembre, Sudáfrica dio un paso sustancialmente preocupante hacia la expropiación de tierras afrikáneres y nuevos abusos contra las minorías raciales en el país”, afirma el documento del Departamento de Estado de EE. UU.
La nueva ley de tierras de Sudáfrica, promulgada este año, permite la expropiación sin compensación de propiedades ociosas. Según el gobierno del presidente Cyril Ramaphosa, esta ley busca reparar el legado de la segregación racial del país, que confinó a las mayorías negras a pequeñas zonas durante las décadas del apartheid.
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