Marcelo Rebelo de Sousa señala la falta de claridad jurídica y de “seguridad jurídica” de la medida, así como una posible vulneración de los principios de igualdad y no discriminación.
El presidente portugués, Marcelo Rebelo de Sousa, solicitó al Tribunal Constitucional que examine las medidas para endurecer la política migratoria aprobadas por el Parlamento, en particular las relacionadas con el derecho a la reunificación familiar, según anunció la noche del jueves (24). Rebelo de Sousa solicitó un dictamen “urgente” del Tribunal Constitucional en un plazo de 15 días, según una nota publicada en el sitio web de la presidencia. La decisión del jefe de Estado se tomó tras consultar con los partidos representados en el Parlamento esta semana sobre la ley, aprobada el 16 de julio con los votos del gobierno de coalición de derecha y ultraderecha, que se convirtió en la segunda fuerza política del país en mayo.
Estas nuevas disposiciones redirigen la inmigración hacia perfiles más cualificados y endurecen las normas relativas a la reunificación familiar. La reunificación familiar “podría tardar al menos tres años y medio”, lo que contradice “el principio de unidad familiar y el interés superior del niño”, según el presidente portugués. También señala la falta de claridad jurídica y de seguridad jurídica, dado el límite en el número de recursos disponibles para los solicitantes, así como la posible violación de los principios de igualdad y no discriminación en varias de las medidas.
Los partidos de izquierda aplaudieron de inmediato la decisión del presidente, mientras que el partido de extrema derecha “Chega” advirtió sobre un posible caos migratorio si la ley entra en vigor.
“Espero que esto no sirva de pretexto para la falta de controles fronterizos”, declaró André Ventura, líder del partido “Chega”. Poco después de asumir el poder en marzo de 2024, el gobierno de Luis Montenegro endureció las normas migratorias, que hasta entonces habían sido las más flexibles de Europa. En particular, revocó una medida que permitía la regularización de inmigrantes que pudieran acreditar al menos un año de trabajo y cotizaciones a la seguridad social, incluso si habían entrado al país con visa de turista. A finales de 2024, el país ibérico contaba con 1,55 millones de extranjeros, cuatro veces más que en 2017, y aproximadamente el 15 % de la población total, según datos oficiales.
Share this content:
