Maya Fernández declara ante fiscalía que se enteró del interés en la compra del inmueble por su tía Isabel

Aseguró desconocer detalles de la compraventa, como la forma de pago.

Eran los primeros días de marzo, cuando la entonces ministra de Defensa Maya Fernández —quien posteriormente decidió presentar su renuncia— prestó declaración en calidad de imputada en la investigación por eventual tráfico de influencias que dirige el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper.

En esa indagatoria se pesquisa la fallida compraventa de la casa de Guardia Vieja 392, en Providencia, que perteneció al expresidente Salvador Allende, la que el Gobierno buscaba adquirir en más de $900 millones para convertirla en un museo. Sin embargo, existía un impedimento. Tanto Fernández como su tía Isabel, quien hasta algunas semanas era senadora (PS), tenían una prohibición constitucional por sus cargos para celebrar contratos con el Estado.

Eso fue, de hecho, lo que motivó que el Tribunal Constitucional (TC) declarara el cese de la legisladora en su cargo por amplia mayoría y que, a su vez, se produjeran una seguidilla de renuncias, incluida la de la exministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, y de otros funcionarios de las reparticiones involucradas en el proceso. Si bien en un primer momento, la extitular de Defensa había ejercido su derecho a guardar silencio —como la congresista—, poco después cambió de opinión y este medio accedió a su declaración que, hasta ahora, se había mantenido en reserva. Fernández dijo que la idea de la compra surgió a fines de 2022 o principios de 2023, y que supo mediante su tía Isabel: “Me comenta que en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe militar había una idea del Ejecutivo de adquirir la casa para convertirla en un museo”.

Agrega que pasó un año aproximadamente y también su tía le informó que se había “aprobado en la Ley de Presupuesto la compra de dos inmuebles”, tanto el de su abuelo como el del expresidente Patricio Aylwin. La compra —agregó— pasó por el Ministerio de Cultura y luego al Ministerio de Bienes Nacionales, sin que ella se involucrara en las decisiones técnicas. En ese sentido, niega haber ejercido algún tipo de presión. “Sobre los avances de la compra puedo decir que Felipe Vio (abogado que representaba a herederos y pareja de la hija de Isabel Allende) nos informaba indistintamente a todos en la familia a medida que el Ministerio de Bienes Nacionales requería documentación”.

A su vez, la exministra negó haber participado en reuniones con funcionarios de los ministerios involucrados (Bienes Nacionales y de Cultura) o haber ejercido influencia para agilizar la compra. Sostuvo que no tenía conocimiento del proyecto de administración del inmueble presentado por Vio y Genaro Cuadros. Sobre este último admitió que trabajó en Defensa, pero —expresó— ello no fue por su intervención. Fernández aseguró desconocer detalles de la compraventa, como la forma de pago, dado que Vio “para eso tenía el mandato” de la familia.

En relación con funcionarios de Presidencia involucrados en el proceso de compraventa, como el renunciado Leonardo Moreno, dijo conocerlo, pero solo en el ámbito profesional, sin haber hablado del tema de la casa.

Respecto de la prohibición constitucional de celebrar contratos con el Estado siendo ministra, Fernández declaró que “nunca tuve conocimiento de aquello, nunca he tenido negocios públicos o privados, nunca nadie me alertó tampoco sobre esto”. Añadió que “lo único que tuve como información fue que podía producirse un tema comunicacional por la figura de mi abuelo y que de ello se haría cargo la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno.

De hecho, esta compra siempre se hizo pública y fue la propia secretaria de Comunicaciones que anunció la compra de ambas casas”.

Finalmente, la ministra indicó que se enteró de los problemas relacionados con la compraventa el 2 de enero de 2025, mientras se preparaba para un viaje al Polo Sur, e inmediatamente solicitó información a su tía, Isabel Allende.