Ordenan prisión preventiva de cuatro de los imputados por asociación ilícita y hurto de madera en el Biobío

El Juzgado de Garantía de Concepción dejó sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva a Cristián Alejandro Reyes Castro, Estela Betsabet Soto Ulloa, Diego Armando Reyes Garay y Javier Agustín Ramírez Núñez, imputados por el Ministerio Público como autores de los delitos de asociación ilícita, receptación reiterada y madera, delitos tributarios y facilitación de facturas falsas. Ilícitos perpetrados entre septiembre de 2019 y diciembre de 2022, en diversas comunas de la Región del Biobío.

En la audiencia de formalización, el magistrado Carlos Aguayo Dolmestch ordenó el ingreso en prisión de Reyes Castro, Soto Ulloa, Reyes Garay y Ramírez Núñez, por considerar que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y fuga. Además, fijó en nueve meses el plazo de investigación.

En tanto, el tribunal decretó las medidas cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional de los coimputados Carlos Roberto Araya Osses, Sergio Alonso Rebolledo Jara y Felipe Ignacio Moraga Roa; en tanto, Wladimir Moisés Chávez Neira quedó con arresto domiciliario parcial nocturno y arraigo nacional.

Según el ente persecutor, los imputados Reyes Castro, Soto Ulloa, Araya Osses, Moraga Roa y Chávez Neira conformaron una organización para el acopio y venta de madera obtenida de manera ilícita, la que funcionó entre septiembre de 2019 y agosto de 2022. Para llevar a cabo las operaciones, utilizaron la empresa Forestal Queule, creada en 2016 por Marcelo Binimelis Alarcón y Reyes Castro, quien en 2020 quedó como único dueño. La empresa luego fue traspasada a su pareja, Soto Ulloa, y él quedó como administrador

A través de Forestal Queule compraban madera ilícita a terceros, entre ellos Rodrigo Ormeño Gómez (condenado por sustracción de madera), conocido como el “Mentolato” y a Ramírez Núñez, apodado el “Coipo”, quienes formaban parte de otros grupos organizados que sustraían madera de predios forestales de la provincia de Arauco, como Llico, Yani, Chacay y Los Hualles. Luego vendían esta madera a reconocidas empresas del rubro, como Foraction Chili SpA, Promasa SpA y Forestal Leonera SpA, para lo que usaban facturas falsas, lo que consiguieron gracias a la colaboración de empleados de Foraction y Forestal Leonera.

La madera robada era trasladada a las bodegas de acopio de Forestal Queule, ubicadas en Curanilahue o Cañete, y luego a las empresas compradoras. Ormeño Gómez y Ramírez Núñez eran los encargados de contratar el transporte. Para ocultar la actividad ilícita, justificar la adquisición de la madera vendida y rebajar la carga impositiva, se emitieron facturas de compra de madera falsas a nombre de Forestal Queule, documentos en los cuales consignaban como vendedores a terceros que no eran clientes o alteraban las cantidades.

Así lograron comercializar 207.201,32 metros cúbicos de madera por un total de $13.196.310.142. Reyes Castro era el líder de la organización, quien daba las instrucciones, gestionaba las transacciones y manejaba las cuentas de Forestal Queule. Soto Ulloa, su pareja, figuraba como dueña de la empresa, ayudó a obtener documentos de falsos proveedores y falsas guías de despacho y también manejaba las cuentas. En el caso de Ayala Osses, manejaba las claves de los contribuyentes y emitía las facturas falsas. Moraga Roa, en tanto, entregaba facturas falsas y Chávez Neira entregaba o revisaba las guías de despacho falsas.

Estructura que, entre septiembre de 2019 y agosto de 2022, le permitió a Forestal Queule obtener un crédito fiscal por $787.853.596, vinculado al uso de facturas falsas por un total de $4.934.451.466.

A su vez, pudieron rebajar $787.853.696 de IVA por el uso de facturas falsas de servicios que nunca se prestaron, vinculadas a actividades por $4.146.597.870. Los dineros ingresados a las cuentas de Forestal Queule luego eran traspasados a la cuenta personal de Reyes Castro, a través de transferencias, cheques o dinero en efectivo.

Parte de estos montos se invirtieron en fondos mutuos, en el extranjero y se depositaron en la cuenta de su hijo Reyes Garay, quien también invirtió fuera del país. En tanto, Reyes Castro adquirió un vehículo por $62.490.000, el que luego transfirió a Rebolledo Jara, quien nunca lo utilizó.

Todo esto fue propiciado por Soto Ulloa, quien autorizó todas las transacciones e, incluso, solicitó un crédito por $600.000.000 a nombre de la empresa.

Finalmente, entre 2021 y 2023, Ramírez Núñez lideró otra asociación ilícita para el hurto de madera, entregaba las indicaciones sobre los predios a intervenir, manejaba las cuentas y contactaba a los compradores. Orgánica en la que José Reinaldo Barraza Panchilla, Osvaldo Gabriel Puentes Álvarez, Julio Alberto Bocaz Quilodrán, Leonardo Arturo Condeza Dartwig, Felipe Andrés Mora Saravia y Néctor Damián Aguayo Martínez (imputados en causa diversa) manejaban los camiones que transportaban la madera.