Alrededor del 50% de las búsquedas en Estados Unidos se realizan mediante productos cubiertos por contratos que Mehta consideró ilegales, de los que Apple representa aproximadamente el 28%, los fabricantes de dispositivos Android y los operadores de redes inalámbricas cerca del 19%, y las empresas de navegadores como Mozilla alrededor del 2%, según la sentencia de Mehta. Si añadimos el navegador Chrome de Google, aproximadamente el 70% de las consultas se realizan a través de portales en los que este es el motor de búsqueda por defecto. En 2017, Google atribuyó aproximadamente el 54% de sus ingresos totales por búsquedas a las ubicaciones predeterminadas.
A cambio de su condición de predeterminado, Google comparte los ingresos con sus socios. Apple recibe la cantidad más alta (unos 20,000 millones de dólares en 2022), en virtud de un acuerdo que se extiende hasta 2026. Los competidores no han podido igualar esos pagos, y los posibles contendientes no tienen motivos para enfrentarse a Google. “La perspectiva de perder miles de millones en ingresos garantizados de Google, que actualmente suponen un costo mínimo o nulo para Apple, desincentiva a esta última a lanzar su propio motor de búsqueda cuando, por lo demás, ha desarrollado la capacidad para hacerlo”, escribió Mehta.
Mientras tanto, Google ha logrado aumentar sistemáticamente sus ingresos ajustando el sistema de subastas a través del cual vende los anuncios de las búsquedas. La compañía ha realizado esos cambios sin preocuparse de lo que hacen rivales como Microsoft, y algunos de los ajustes han supuesto incluso menos transparencia y ganancias para los anunciantes, según las conclusiones de Mehta.
“La única limitación aparente a las decisiones de Google sobre precios son las posibles protestas de los anunciantes y la mala publicidad”, destacó Mehta. Pero la gigante tecnológica ha actuado deliberadamente para que esos cambios sean “apenas perceptibles y rara vez anunciados”, y la empresa “no ha sufrido consecuencias porque no opera en un mercado competitivo de anuncios de texto”.
La sentencia se inspiró en el fallo de un tribunal de distrito en el caso del Gobierno contra Microsoft a finales de los noventa, que determinó que los esfuerzos de la compañía por impulsar su navegador Internet Explorer y obstaculizar a sus competidores eran ilegales. Un acuerdo posterior contribuyó a la proliferación de nuevos buscadores como Chrome de Google.
En su decisión del lunes, Mehta se negó a dictaminar que Google tuviera un poder monopólico en el mercado de los anuncios en búsquedas más generales. Consideró que Google no ostentaba un poder de fijación de precios en la publicidad de productos, que incluye imágenes y compite de forma más directa con los anuncios de Amazon y las redes sociales.
En una derrota para los fiscales generales de los 38 estados que se habían unido al caso, Mehta sentenció que Google no había denegado ilegalmente a Microsoft el acceso a un servicio clave que los anunciantes emplean para comprar anuncios para las búsquedas. Phil Weiser, fiscal general de Colorado, quien dirigió esa parte del caso, no respondió inmediatamente a nuestra solicitud de comentarios sobre si apelaría.
Mehta también rechazó la petición del gobierno de sancionar a Google por no guardar las comunicaciones internas relacionadas con los proyectos de búsqueda. El juez indicó que ninguna prueba adicional habría cambiado su fallo. “La decisión del tribunal de no sancionar a Google no debe entenderse como una condonación del hecho de que no conservara la evidencia del chat”, escribió Mehta. “Google evitó las sanciones en este caso. Quizá no tenga tanta suerte en el próximo”.
