Desde la oposición cuestionaron la “prolijidad” del Gobierno al revisar los beneficios y piden revocarla.
Diversas reacciones generó la denuncia hecha este viernes por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), organismo que detectó un falso testimonio de un beneficiario de pensión de gracia, en el marco del estallido social.
El ente retiró la querella judicial que llevaba adelante por el caso e interpuso una denuncia para que el Ministerio Público determine las responsabilidades correspondientes, mientras que el Gobierno pidió antecedentes para reevaluar la entrega del beneficio.
Al respecto el diputado Jaime Araya (IND-PPD), consideró que “es una lamentable situación, que nuevamente genera polémica en un tema que ha significado altos costos para el Gobierno. Sin embargo, valoro muchísimo que el propio INDH haya realizado la denuncia a la Fiscalía sobre estos hechos fraudulentos, para que se investiguen y sancionen, así como el retiro de la querella. En consecuencia, el Gobierno debiera inmediatamente revocar el beneficio”.
El diputado Cristián Araya (Republicanos) consideró que “aquí la gran pregunta es cuántos otros casos de este tipo hay y que aún no conocemos. Evidentemente este fue otro mecanismo para desviar recursos públicos para instrumentalizar lo ocurrido el 18 de octubre con un interés económico y político. Éstos no son casos aislados, no es gente por iniciativa propia, aislada, hubiese aprovechado esta ‘oportunidad’, sino que aquí hay un sistema”.
El diputado José Miguel Castro (RN), piensa que el caso habla de “lo poco prolijo que ha sido este Gobierno con un dejo de poco interés en cuanto al tema. Esto porque todas esas pensiones de gracia y todo lo que involucró a esas personas y esos testimonios obviamente le dieron validez al estallido social, cosa que ellos siempre han levantado y han tenido como gran bandera de lucha, que cada vez se cae a pedazos”.
Share this content:
