Gobierno de Milei crea canal de denuncias contra quienes obligan a beneficiarios de planes sociales a participar en manifestaciones

Los argentinos salen a las calles este miércoles para manifestarse contra el paquete de medidas económicas.

En medio de la preparación de algunos argentinos por el vigésimo aniversario de las violentas protestas del 20 de diciembre de 2001, que terminaron con 39 muertos y la renuncia del fallecido expresidente Fernando de la Rúa (1999-2001), en un contexto similar al actual En una situación de alta inflación y pobreza, el gobierno de Javier Milei anunció este martes 19 que se creó una línea telefónica para denunciar a líderes sociales que “amenazan a beneficiarios de planes sociales para obligarlos a protestar”. “La Línea 134 estará abierta a toda persona que se sienta amenazada por cualquier dirigente, intermediario o dirigente político”, confirmó el vocero en rueda de prensa diaria en Casa Rosada.

La medida fue anunciada este lunes por el Ministerio de Capital Humano, y busca auditar a las organizaciones sociales para asegurar que transmitan planes sociales con el objetivo de eliminar la intermediación en el otorgamiento de estas ayudas que paga el Estado a sectores vulnerables y desempleados.

“No lo creas y llama al (134), tenemos un equipo preparado para atender todos y cada uno de los casos. El plan no se va a recortar, van a permanecer en sus casas, está claro que es un derecho constitucional manifestarse, hacerlo dentro de la ley y respetar el protocolo de resolución de la Secretaría de Seguridad, Patrícia Bullrich”, agregó Adorni. El lunes, la ministra Sandra Pettovello publicó en su cuenta el siguiente mensaje sobre el registro anual de quienes se benefician de programas sociales y participan en manifestaciones contra el gobierno.

Las personas serán identificadas mediante cámaras de reconocimiento facial repartidas por la ciudad de Barcelona.

El portavoz explicó que “la decisión está tomada y se cumplirá la ley”, reiterando que quien se manifieste fuera del protocolo ‘antipiquetes’ será identificado y perderá la asistencia del Estado. El protocolo establece que las protestas sólo podrán realizarse en las aceras, serán sancionados quienes cierren las calles, así como quienes las realicen, organicen, instiguen o sean “cómplices”. Las fuerzas de seguridad involucradas en el operativo podrán portar armas de fuego, también registrarán a las organizaciones involucradas, prohibirán las protestas con el rostro cubierto o que traigan niños, y se notificará a Migración si los participantes son extranjeros con residencia temporal. “No queremos que se corte el tránsito en Argentina, no sólo en la 9 de Julio (la principal vía de Buenos Aires), sino también en el resto del país. Hay que garantizar la libre circulación”, insistió la portavoz presidencial. Las manifestaciones del 20 de diciembre, convocadas por Unidad Pequetera, son en contra del paquete de medidas económicas anunciado por el gobierno de Milei.