Gobierno Regional de Ñuble se suma a organismos cuestionados: Contraloría declaró ilegal convenio firmado por $736 millones

Tras darse a conocer el bullado “Caso Convenios”, en el que la Contraloría General de la República declaró “ilegales” el total de 29 de 34 convenios revisados a nivel nacional, entre entidades públicas y ONG, también figura el Gobierno Regional de Ñuble.

Lo anterior, se debe a un convenio realizado con la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistencias, ADRA Chile, por $736 millones. Esto fue notificado mediante Oficio: E369788/2023 de la Contraloría General de la República que Representa la Resolución (N° 39) el pasado 18 de julio al Gobierno Regional de Ñuble, en el cual se describe que el convenio (Código FSDÑ 001, fecha 03 de abril del 2023) “no se encuentra ajustado a derecho”, con fundamentos entre los cuales están el que “los estatutos de ADRA Chile no contemplan, dentro de sus finalidades, el desarrollo de actividades para contribuir al sistema de operación de alcantarillados, o la operación, mantención y reparación de sistemas de agua potable y sanitarios rurales”.

Al respecto, desde el Gobierno Regional de Ñuble confirmaron que existe un programa diseñado por la Fundación Adra, institución con la que han trabajado desde la Pandemia y que en este caso, desarrolló un programa dirigido a las familias afectadas por los incendios forestales ocurridos en febrero de este año, que permite la habilitación de las viviendas de emergencia con baño y agua potable. “Esta iniciativa fue representada por la Contraloría Regional en el control jurídico que desarrolla este órgano, de todos los actos administrativos que son sometidos a esta revisión, pero en ningún caso, que un acto sea representado es sinónimo de ser ilegal, sino más bien de una observación”, señaló Fernando Silva, Jefe de la Unidad Jurídica.
En el mismo sentido, el profesional precisó que “en el análisis que efectúa el órgano contralor, existe la posibilidad que las instituciones deban subsanar observaciones para, precisamente, cumplir con los estándares de control que aseguran la transparencia y probidad de los actos públicos, y nuestra misión es remitir los antecedentes que aporten a esta precisión; lo que permite finalmente subsanar las observaciones y que la Contraloría tome razón de las iniciativas”.