Ministro de Justicia señaló que lo ocurrido con Democracia Viva es una caso de corrupción

Y sugirió capacitación básica para autoridades primerizas.

El ministro de Justicia, Luis Cordero, abordó toda la polémica en torno a lo que rodea la decisión de la Contraloría de declarar ilegales 29 convenios por $13 mil millones entre reparticiones públicas y fundaciones, de los 34 que hasta ahora ya revisó. Cuyos convenios objetados corresponden a acuerdos suscritos durante 2023 involucran más de $13 mil millones. En entrevista con Mesa Central de T13, el secretario de Estado reiteró que hay “un problema bien estructural que ha revelado el “Caso Convenios”, en que hay veces que hay que hacer algunas explicaciones técnicas para poder entender parte del fenómeno”.

Lo primero dijo, “es que tenemos un problema de abuso del clasificador presupuestario. La mayoría de estos convenios, sino todos, están hechos con una impituación vinculadas a subtítulos 33 que en el fondo es transferencia de capital”.

Y esto genera varias consecuencias explicó, “la primera es que la regla general es que no se exijan boletas de garantías por la naturaleza de las transferencias. Eso ese un error estructural, no es un cosa de “se nos olvidó”, y además es un tema que ha advertido la Contraloría”. En ese sentido, subrayó que aunque el organismo “ha señalado que no es obligatorio” comparte que “un administrador diligente sobre todo cuando realiza transferencias de volúmenes bien significativos al menos debiera buscar mecanismos para garantizar la ejecución de esos fondos públicos”.

Incluso, fue más allá y Cordero sostuvo que hay diferenciaciones, como un “problema estructural” que hay que resolverlo, en segundo lugar una “cierta flexibilización en el mecanismo que genera incentivos con un uso discrecional en algunos casos arbitrarios” y lo tercero, “casos derechamente que tienen que ser calificados como corrupción”. Sobre esto último, aseguró “creo que Democracia Viva es un caso”.