Toledo llega a Perú y será enviado a la misma cárcel que aloja a Fujimori y Pedro Castillo

Está acusado de haber recibido pagos millonarios de constructora brasileña a cambio de beneficiarla en una licitación.

Alejandro Toledo llegó a Perú cabizbajo y con las señales de la derrota dibujadas en el cuerpo. Lo extraditaron de Estados Unidos después de casi cinco años de gestiones judiciales. El ‘Cholo’, como se lo conocía, pasará 18 meses en la cárcel por orden judicial. Se espera que el expresidente ocupe en las próximas horas una celda en el penal Barbadillo en el distrito de Ate, a unos 40 kilómetros de Lima. En esa unidad penitenciaria se pone en escena la debilidad institucional peruana. Toledo no es el primer jefe de Estado que se encuentra detrás de sus altas paredes. Allí está su gran antagonista hace 23 años, el autócrata Alberto Fujimori, quien purga una condena de 25 años por su responsabilidad en delitos de lesa humanidad. También ha sido destinado de manera preventiva Pedro Castillo, el último mandatario elegido democráticamente y destituido por el Congreso, el pasado año.

El fiscal José Domingo Pérez llegó a la sede la Corte Superior Nacional para participar en la audiencia de control de identidad de Alejandro Toledo. El integrante del equipo especial Lava Jato es el encargado de la acusación al expresidente @Politica_ECpe pic.twitter.com/jlZSuMZn7t

— Víctor Reyes Parra (@nekroRP) April 23, 2023

Repercusiones

El exlíder de Perú Posible se había entregado a la justicia norteamericana el pasado viernes después de un largo proceso marcado por evasivas, elusiones, que fueron más allá de la astucia de sus abogados para tener ribetes picarescos. “Esperemos que la presencia de Toledo ante el tribunal sirva para que se conozcan a cabalidad las prácticas corruptas desde el poder para que se logre una labor ejemplificadora que evite estas malas prácticas y una sanción a los responsables que participaron y se beneficiaron con estos pagos ilegales”, señaló el diario ‘La República’ en su editorial del domingo.

“En el Perú se juntan los que mienten con los que quieren que les mientan. De esos matrimonios salen hijos ilegítimos, que a veces llegan a la presidencia. Toledo es un caso, pero no el único”, señaló Federico Salazar, columnista del diario limeño ‘El Comercio’. El diario ‘Perú21’ trazó por su parte un paralelo entre los destinos de Toledo y Castillo. “Así como el primer presidente indígena juramentó ante los apus (espíritus) en Machu Picchu, Cusco, el primer mandatario campesino tuvo una ceremonia simbólica en la Pampa de la Quinua, Ayacucho. Ambos candidatos contaron una buena historia. El humilde lustrabotas que estudió en Harvard y volvió para salvar al país de la dictadura. El silvestre maestro que dejó de criar gallinas para acabar con la pobreza en un país rico. Y, sin embargo, siempre se supo que ambos presidentes serían una trágica decepción”.

Debilidad institucional

No han sido las únicas. Desde la caída de Fujimori, todos los presidentes que accedieron al Palacio Pizarro a través de elecciones acumularon más de un expediente judicial. Pedro Pablo Kuczynski fue colaborador de “El Cholo” y gobernó entre 2016 y 2018, cuando se vio obligado a dimitir para no ser cesado por el Congreso. Es investigado por los aportes irregulares durante su campaña electoral. Alan García, el otro enemigo acérrimo de Fujimori, fue rival de Toledo en los comicios de 2001. “Me llaman Perú”, cantaba en la campaña electoral. Su voz grave no le alcanzó para ganar en segunda vuelta. Tuvo que esperar hasta 2006. El dirigente aprista también fue salpicado por la corrupción. Decidió quitarse la vida con un disparo en la cabeza cuando la policía llamó a la puerta de su casa para arrestarlo.

 El mismo día en que aterrizó Toledo, la presidenta previsional, Dina Boluarte, tomó juramento a cuatro ministros de Estado, entre ellos el de Justicia, Daniel Maurate. La suerte de Boluarte pende de un delgado hilo que se puede cortar en cualquier momento. Según el portal ‘Hildebrandt en sus trece’, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se apresta a divulgar sus conclusiones sobre la represión a las protestas contra el Gobierno interino que dejaron decenas de muertos. Se acusará a sus autoridades “de un uso desproporcionado de la fuerza letal. Será un duro golpe para Boluarte y sus aliados”.

Fuente: www.levante-emv.com