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Regional

Condenan a dos hombres por delitos de corrupción del DAEM de Lota

La fiscal de Coronel, Glenda Lagos Chandía, informó que el Tribunal Oral en lo Penal de Concepción condenó a 5 años de presidio, por cuatro delitos de fraude al Fisco, al ex jefe de Finanzas del Departamento de Educación Municipal (DAEM) de la Municipalidad de Lota, Orlando Salazar Borquero, y a 3 años de presidio, por cuatro delitos de obtención fraudulenta de prestaciones fiscales, al empresario Luis Cid Salgado.

Ambos condenados se concertaron para, en el caso del particular, emitir facturas ideológicamente falsas que el entonces funcionario municipal autorizó pagar. Se trata de 11 documentos que el empresario entregó a empresas de factoring,  las que finalmente cobraron cuatro de éstos por un total de 540 millones 980 mil pesos, que en definitiva es el perjuicio fiscal generado.

Todo lo anterior, estaba cubierto por una aparente legalidad, pues el particular se había adjudicado la realización de obras en una escuela municipal, la que ejecutó y se le fueron pagando regularmente los estados de avance hasta completar los 415 millones de pesos de la inversión. Sin embargo, en forma paralela, el empresario fue entregando las facturas ideológicamente falsas por supuestos avances en las obras que ya habían sido pagados. De esta forma, la Municipalidad de Lota canceló de forma correcta los trabajos realizados (415 millones de pesos), y volvió a pagar, producto de engaño realizado, otros 540 millones 980 mil pesos a las empresas de factoring.

Es decir, destinó recursos públicos por más de dos veces el valor real de las obras. El ex jefe de Finanzas del DAEM, Orlando Salazar Borquero, fue condenado, además, al pago de una multa a beneficio fiscal del 5% del perjucio, a la inhabilitación para cargos y oficios públicos por 5 años, y a la inhabilidad perpetua para derechos políticos.

El empresario Luis Cid Salgado suma también las penas de multa de 21 UTM y la suspensión para cargos y oficios públicos por tres años. Ambos condenados deberán, en conjunto, reitegrar el dinero que canceló el municipio a la empresa de factoring, fruto del fraude realizado.

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